La Fiscal General James Encabeza la Demanda Contra los Ataques de la Administración Trump a las Familias de Inmigrantes
NUEVA YORK – La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, encabezó hoy una coalición de otros 21 fiscales generales y Washington D.C. para presentar una demanda destinada a frenar una nueva y catastrófica política de la administración Trump; dicha política permitiría a los funcionarios de inmigración sancionar a los inmigrantes por hacer un uso legítimo de los beneficios públicos. Presentada junto a otra demanda interpuesta por una coalición de ciudades encabezada por el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, la demanda de la fiscal general James objeta una nueva regla de “carga pública” del Departamento de Seguridad Nacional (DHS en ingles) que concedería a los oficiales de inmigración un amplio margen de discrecionalidad para rechazar tarjetas de residencia por casi cualquier uso de asistencia pública. La Fiscal General James y la coalición le piden la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York que bloquee esta medida ilegal, para que los neoyorquinos no tengan que temer que buscar ayuda hoy pueda poner en peligro su estatus migratorio, o el de sus familiares, en el futuro.
“Las familias trabajadoras no deben quedarse sin el apoyo que necesitan por miedo a que pedir ayuda signifique su deportación”, dijo la fiscal general James. “Esta norma se aprovecha de ese miedo y cuenta con que las familias renuncien a la asistencia alimentaria, a la cobertura de atención médica y a otros beneficios públicos a los que tienen derecho legal. Mi oficina ya combatió esta misma política anteriormente y ganó, y estamos liderando los esfuerzos a nivel nacional para garantizar que la administración Trump no vuelva a causar este daño a las familias.”
“La nueva regla de carga pública pretende alejar a las familias inmigrantes de los programas que han alimentado y mantenido sanas a las personas por décadas. Los neoyorquinos tendrán miedo de ir al médico o pedir la ayuda que por ley les corresponde. Ese miedo no se limitará a las familias que el gobierno federal tiene en la mira. Las familias que siguen siendo plenamente elegibles para recibir beneficios sentirán un efecto disuasorio, y todos los neoyorquinos pagarán las consecuencias”, dijo el alcalde Mamdani. “La ciudad de Nueva York se enorgullece de liderar una coalición de ciudades y condados; Chicago, San Francisco, el condado de Santa Clara, Seattle y el condado de King; que se oponen firmemente a esta norma cruel e ilegal. Nuestras comunidades inmigrantes no son una carga. Son las personas que hacen grandes a la ciudad de Nueva York y al país. Usaremos todas las herramientas disponibles para asegurar que puedan seguir viviendo aquí con dignidad y sin temor.”
Por más de 140 años, Estados Unidos ha definido una “carga pública” como alguien que probablemente dependa principalmente del gobierno para su subsistencia a largo plazo. En 2022, el gobierno federal emitió una norma que limitaba las determinaciones de «carga pública» a la asistencia en efectivo para el mantenimiento de ingresos o a la institucionalización a largo plazo a cargo del gobierno. La nueva regla del gobierno de Trump, que entra en vigor el 18 de septiembre, permitiría a los oficiales de inmigración considerar casi cualquier beneficio público, usado por cualquier tiempo, en contra de un solicitante. La regla también incluye beneficios usados legalmente por miembros de la familia, aun si el familiar es ciudadano estadounidense.
Según la normativa, la solicitud de residencia permanente de un progenitor extranjero podría verse comprometida si su hijo, ciudadano estadounidense, hubiera utilizado un seguro médico financiado por el estado. Los funcionarios podrían tomar en cuenta la participación del menor en el programa de almuerzos escolares gratuitos en contra de la solicitud de ciudadanía de su progenitor extranjero. No existe un límite claro sobre qué beneficios, o qué nivel de uso de los mismos, perjudican a un solicitante, lo que obliga a las familias a especular sobre qué formas de asistencia habitual y legal podrían poner en riesgo su estatus migratorio.
La fiscal general James y la coalición afirman que la administración ha admitido, y hasta celebrado, que el miedo y la confusión provocados por la nueva regla podrían hacer que las familias inmigrantes, incluidos los niños con ciudadanía estadounidense, se den de baja de los beneficios que les corresponden por ley. El gobierno federal también reconoció que una versión anterior de una norma similar provocó tasas de baja de los programas de beneficios de hasta el 35 por ciento entre las familias de estatus migratorio mixto, y de hasta el 60 por ciento entre los refugiados. El propio DHS prevé que este “efecto disuasorio” costará a los estados 4.050 millones de dólares anuales en fondos de Medicaid y CHIP, y 1.000 millones de dólares anuales en fondos de SNAP a nivel nacional.
Los fiscales generales enfatizan que la interrupción no terminará con las familias que se den de baja de los beneficios públicos. Cuando las personas pierden el acceso a la cobertura de salud, retrasan la atención médica y acuden a las salas de emergencia en su lugar, lo que satura a los hospitales de la red de seguridad y a los centros de salud comunitarios, y eleva los costos para todos. Las escuelas corren el riesgo de perder la certificación automática para los programas de comidas gratuitas o a precio reducido cuando la inscripción en SNAP y Medicaid cae por debajo de los umbrales requeridos, lo que deja sin comida a los estudiantes elegibles, independientemente de sus ingresos o estatus migratorio. Es probable que también disminuyan los fondos federales de educación del Título I, calculados a partir de las cifras de inscripción en Medicaid y SNAP, lo que supondría una pérdida devastadora para las escuelas. La reducción de la participación en SNAP también puede perjudicar a las economías locales, al restar ingresos a los supermercados y negocios locales que dependen de las compras de los beneficiarios de dicho programa.
En la demanda, la coalición señala que los estados y gobiernos locales que administran estos programas asumirán costos directos, que van desde nuevas comunicaciones y capacitación del personal hasta los cambios en tecnología de la información necesarios para gestionar la interrupción. A esto se suma la presión adicional derivada de los residentes que entran y salen de los programas por temor.
La fiscal general James y la coalición sostienen que la nueva norma infringe la Ley de Procedimiento Administrativo por ser arbitraria y caprichosa, exceder la autoridad legal del DHS y apartarse de la interpretación establecida por el Congreso, y vigente durante largo tiempo, sobre la disposición relativa a la «carga pública». Cuando la administración Trump presentó una norma similar en 2020, la fiscal general James encabezó con éxito una coalición que emprendió acciones legales para bloquear la medida; dicha decisión fue ratificada por el Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito.
Los fiscales generales están pidiendo a un juez federal que declare ilegal, la regla de carga pública de 2026 y la anule, protegiendo a los estados y sus residentes de sus daños ilegales.
Junto a la Fiscal General James en la presentación de esta demanda se encuentran los fiscales generales de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Míchigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia, así como el gobernador de Pensilvania.
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